Trabajadores piden que se respete régimen CAS de 48 horas semanales y se cumpla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Días antes de participar en la toma del rectorado para exigir la salida del rector Pedro Cotillo, la Secretaria General del SITRAUSM, Gissela Alvitres y Edgar Virto Jiménez, subsecretario del sindicato, explicaron las razones por las que San Marcos se vería envuelta en un lío judicial y un consecuente triste descenlace para su reputación. El incumplimiento de la ley ya es una costumbre en la Decana de América, y los trabajadores CAS lo viven a flor de piel. Aquí mostramos una raya más del tigre.
- Ustedes exigen a la universidad que los reconozca como sindicato de trabadores CAS y que cumpla el veredicto de un laudo arbitral que ganaron hace unos años, ¿cómo ha evolucionado el tema?
- Nosotros recurrimos a un arbitraje en 2012, y a pesar de que lo ganamos y equivale a una sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, las autoridades de San Marcos se niegan a cumplir nuestras demandas básicas como el respeto por las 8 horas diarias o 48 semanales. Inclusive se nos ha denunciado penalmente por falsedad genérica.
- Entonces además de no respetar sus derechos los han denunciado, ¿qué argumenta el rectorado?
Ellos aducen que nuestra constitución sindical es ilegal, y toda demanda o proceso legal que proviene de nosotros, como el laudo arbitral que ganamos, es también ilegal. Así que durante dos años San Marcos ha gastado miles de soles en abogados para obtener una victoria en la vía judicial, administrativa y civil.
Lo más lamentable es que en todas las instancias hemos ido desbaratando todos sus argumentos. Actualmente anhelamos resolver esto por la vía administrativa y apelamos al raciocinio de las autoridades. El último recurso será la vía penal, es decir, con una sentencia judicial.
Es una pena que San Marcos haya llegado al extremo de denunciar a los propios árbitros del laudo y al ‘mismísimo’ Ministerio de Trabajo, que se ha pronunciado a nuestro favor. Prefieren entramparse en una larga batalla legal antes que respetar la ley.
- ¿Qué determinó el fallo del laudo arbitral en 2013?
- El arbitraje fue favorable para nosotros, puesto que se emplaza a la universidad a cumplir con derechos básicos como bono de escolaridad, un local propio, licencias sindicales, bonos por sepelios, remanente de 800 nuevos soles por procesos de admisión y más.
- ¿Si no se cumplen sus demandas, no descartan demandar a la universidad?
- Así es. Los propios asesores jurídicos del rectorado, como Walter Ugarte, actual jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, reconocen que tenemos todo a nuestro favor para ganar en una estancia penal, pero no quisiéramos que la universidad caiga en un desprestigio al ser enjuiciada por violar los derechos de sus trabajadores.
- ¿El señor Ugarte les ha manifestado su respaldo en este delicado tema?
- No nos ha manifestado un respaldo, pero sí ha expresado tajantemente su opinión como abogado acerca del perjuicio económico y legal que padecerá la universidad de no cumplir con el fallo arbitral, que es justo y necesario para los más de 1500 trabajadores CAS de San Marcos.
- Y ¿cuál es la actitud de los trabajadores nombrados que constituyen el Sutusm, tiene un pliego conjunto de trabajo con ustedes?
- Hasta la fecha no tenemos un plan de trabajo unificado, pero sí estamos en constante comunicación con ellos. A veces nos apoyamos mutuamente. En realidad cada sindicato vela por sus propios intereses y esto tiene que mejorar. Esperamos que con el tiempo se estructure una plataforma de trabajo unificada.
- ¿Qué sostiene en esta coyuntura la cabeza administrativa de la universidad, el Director General de Administración Carlos Navarro Depaz?
- Siempre ha estado dispuesto a escucharnos y a atender ciertos requerimientos nuestros que no son de fondo; no obstante, aduce que su capacidad de toma de decisiones tiene un límite, pues es el rector Pedro Cotillo y sus asesores quienes tienen la última palabra.
- Por otro lado, dentro de las demandas que ustedes proclaman, figura la implementación de un sistema de seguridad para facilitar y optimizar el trabajo de los vigilantes CAS
- Ante cualquier problema que acontece, la responsabilidad va orientada al trabajador, siempre se reclama por qué no pidieron el carné o por qué dejaron pasar a todo el mundo; sin embargo, debemos pensar que el vigilante de San Marcos es un trabajador CAS, a quien le es imposible controlar a más de 30 mil personas que ingresan a diario sin un protocolo eficiente de vigilancia.
- Otro aspecto delicado yace en el incumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo en San Marcos, ¿verdad?
- Definitivamente. Hay trabajadores que suben con un arnés a edificios de más de tres pisos, sin usar un casco y otros requisitos indispensables que te protegen de una fatalidad. Eso lo puedes comprobar a diario. Parece que están esperando a que ocurra una desgracia y la prensa denuncie negligencias en la universidad para que tomen cartas en el asunto.
- Respecto al mantenimiento de la infraestructura, ¿el trabajador CAS también tienen serios obstáculos?
Por supuesto, una de nuestras demandas es la capacitación técnica de los CAS en temas como la albañilería, ebanistería, gasfitería y más. Por ley, la universidad tiene que ofrecer cursos para actualizar al personal. Pero en la realidad muchos conocen de estos oficios solo empíricamente. Asimismo, hay personal de limpieza que afronta un caos a diario por las fallas técnicas de gasfitería en los baños y nadie se percata de si están aptos para manejar estos asuntos, por citar un ejemplo.
- Datos:
1. El Ministerio de Trabajo mediante la resolución directoral N 17-2013-MTPE, 1, 20, declaró infundado el pedido de San Marcos de anular el proceso de negociación colectiva que solicitó el SITRAUM para que se respeten sus derechos.
2. El veredicto del tribunal arbitral al que acudió el SITRAUSM exige a la UNMSM que cumpla con otorgar a este sindicato, condiciones mínimas como un local permanente, uniformes institucionales, gastos de sepelios, un abono o remanente en cada periodo de exámenes de admisión por 800 nuevos soles, asignación de bono de escolaridad, licencias sindicales permanentes a la alta directiva y más.
3. No obstante, se denegó el pedido del SITRAUSM de aumento de sueldos, al considerar que San Marcos, como universidad estatal, tiene autonomía económica para destinar y administrar sus fondos públicos. Además, tampoco se atendió su pedido de estabilidad laboral y defensa contra despidos arbitrarios, al no ser este tema de competencia de un tribunal arbitral.
- Nuevos indicios del Caso Yallicuna: ¿En qué instancia está el proceso legal de la denuncia contra Gaudencio Yallicuna por una supuesta falsificación de firmas en el comedor?
- Nosotros hemos acompañado el proceso del señor Isaac Rivas Huamán, quién denunció que el exjefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, Gaudencio Yallicuna falsificó su firma en 18 boletas y un documento que autorizaba un encargo económico para realizar compras por 11 mil 469 nuevos soles. Actualmente hay abogados que lo respaldan, pero tenemos entendido que existen obstáculos para que la fiscalía indague el tema, como la falta de pruebas oficiales.
- ¿Ya se realizó un peritaje que determinó la falsedad de las firmas que denunció el trabajador Isaac?
- Precisamente, el Ministerio Público requiere las boletas originales del encargo económico para que los peritos realicen las pruebas pertinentes. Cabe recordar que antes de presentar su denuncia por la vía penal, Isaac Rivas presentó una queja ante la universidad y adjuntó las boletas originales del encargo. Sin embargo, la universidad reconoce oficialmente que se le devolvió esta importante prueba al propio señor Yallicuna. Luego, ‘coincidentemente’, se perdieron para siempre estos comprobantes. Esta situación irregular y vergonzosa es reconocida por el Órgano de Control Institucional de San Marcos.
- Tenemos entendido que el caso Yallicuna y sus encargos económicos trasciende el problema del señor Isaac, y podría tener graves consecuencias para la universidad
- Como gremio se ha solicitado insistentemente a las autoridades de San Marcos que se revele la verdad, pero al parecer no hay interés por estos temas delicados de sospechas de corrupción. Incluso, actualmente se manejan otros elementos que incrementarían la complejidad de este caso, ya que además del señor Isaac, hay empresas proveedoras de insumos necesarios para el comedor, que aseguran que hay determinadas boletas de encargos económicos en las que se falsificó sus firmas. Es decir, descartan que hayan realizado negociaciones para destinar productos al comedor y no descartan entablar procesos penales por estas irregularidades.
- Entonces, el caso del señor Isaac no sería el único y esto repercutiría en un escándalo en el que están en juego altas sumas de dinero y entidades privadas que denunciarían a la universidad
- Esa figura podría darse. A mediano plazo, vamos a presentar documentación relevante que causará un impacto ante la opinión pública. Por ahora, solo podemos adelantar esto. Lo cierto que es el señor Yallicuna no ejecutaba procesos regulares de adquisición de insumos, sino que realizaba encargos económicos a determinadas personas para que a través de boletas se realicen compras. Supuestamente, su objetivo era evitar los trámites burocráticos y prefirió delegar las compras a un determinado trabajador y de este modo, ahorrar costos, pero no hubo un control eficiente de esto, así que los problemas son evidentes.
- ¿De cuánto dinero hablamos al referirnos a los encargos económicos de la gestión de Yallicuna?
Por ahora tenemos un documento que registra varios encargos económicos entre febrero y diciembre del 2014. La suma total de estos encargos supera los 500 mil nuevos soles. El tema es comprobar la veracidad de cada uno de los encargos. Podríamos llevarnos grandes sorpresas. No obstante, aún no podemos tener un juicio de valor; claro hasta revisar cada uno de los encargos.
